Nosotros y nosotras, representantes de movimientos y organizaciones de la sociedad civil provenientes de Africa, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, reunidos en Quito los días 13 y 14 de febrero con motivo del Seminario Internacional “Hacia una agenda fiscal internacional basada en los derechos humanos: por el fin de los paraísos fiscales y por un organismo tributario intergubernamental de la ONU”, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la justicia fiscal como medio para avanzar hacia una sociedad más digna y equitativa en que las personas gocen de una vida de calidad y sus derechos sean respetados, protegidos y garantizados.
Nuestras distintas redes han venido trabajando en una alianza internacional para lograr cambios en el sistema financiero y fiscal global, articulando propuestas y acciones de concientización a la ciudadanía. Asimismo, hemos procurado incidir en las decisiones de gobiernos y funcionarios/as públicos, para buscar la implementación de medidas que ataquen los problemas estructurales de nuestras sociedades, consecuencia de la escasez y mala distribución de los recursos financieros que deberían servir para garantizar todos los derechos de la población, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales.
Sostenemos que la política fiscal es una herramienta fundamental para fortalecer la inclusión social, enfrentar la desigualdad y combatir la pobreza. Sólo a través de políticas públicas sociales de carácter universal y de acciones redistributivas, podremos contar con servicios públicos sostenibles que le permitan a la ciudadanía mejorar su calidad de vida. Para alcanzar estos objetivos, requerimos de sistemas tributarios progresivos que fortalezcan la capacidad de financiamiento de los Gobiernos y la acción sostenida de los Estados.
Recientes revelaciones sobre los mecanismos del mundo offshore y escándalos de corrupción en distintos países dan cuenta de la relevancia que tienen estos centros financieros, más conocidos como paraísos/guaridas fiscales, para esconder y blanquear recursos provenientes de operaciones lícitas, como el comercio internacional lícitas como la corrupción y el lavado de activos en contravención de diversos tratados de derechos humanos. Estas actividades, realizadas con la anuencia o ayuda de organismos, instituciones y compañías del sistema financiero global, mueven miles de millones de dólares anuales tomados de los bolsillos de todos los ciudadanos y ciudadanas que sostenemos las arcas fiscales por medio del pago de impuestos. Mientras sigan existiendo estos territorios que viven de la opacidad y del secretismo, y no se modifiquen las reglas de juego en el ámbito internacional, no será posible luchar contra los flujos financieros ilícitos y continuarán las prácticas nocivas que permiten la evasión y elusión, por parte tanto de las corporaciones transnacionales como de las grandes fortunas.
La acción conjunta de nuestras organizaciones ha permitido avanzar en la visibilización del problema de la fuga de recursos financieros, logrando posicionar el tema en el debate internacional en relación a la necesidad de recuperar esos recursos para que los países tengan un acceso estructural al financiamiento necesario para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Se ha colocado también la urgencia de una transformación radical en la arquitectura financiera internacional; para crear un nuevo esquema de gobernanza más amplio y con mayores capacidades de supervisión y control en el seno de las Naciones Unidas. Un nuevo orden fiscal internacional en que todos los países puedan participar de forma igualitaria a la hora de decidir las normas fiscales globales, frente al poder de las entidades que actualmente dictan las agendas fiscales, tales como la OCDE.
A pesar de los esfuerzos desplegados por la sociedad civil en los foros nacionales e internacionales, los intereses defendidos por el poder corporativo han bloqueado la posibilidad de lograr cambios verdaderos y sólo se han tomado medidas que responden a los problemas de los países ricos, en lugar de tomar en cuenta a los países en desarrollo, que son los más afectados por la fuga de recursos.
En ese sentido, nos parecen positivas y en la dirección correcta las acciones internacionales del estado ecuatoriano de promover un tratado vinculante que sancione a empresas transnacionales que vulneren los derechos humanos, así como la creación de un órgano intergubernamental en Naciones Unidas para abordar los aspectos fiscales a nivel global desde su Presidencia del G77.
Consideramos que en este marco de la Presidencia del G77 por parte de Ecuador se hace necesario profundizar la articulación entre las organizaciones de sociedad civil global que luchamos por la justicia fiscal y el estado ecuatoriano en su calidad de Presidente Pro Témpore del G77 por una nueva gobernanza mundial en materia fiscal, por el combate contra las guaridas fiscales y por un nuevo orden fiscal internacional alineado con las normas de derechos humanos que ponga el acento en el beneficio de la ciudadanía global y no en el poder corporativo.
Asimismo, hacemos un llamado a los Gobiernos del mundo para que se sumen a estas iniciativas, que nos permitan contar con reglas fiscales justas y transparentes que aseguren el fin de los paraísos fiscales como sistema de evasión y elusión tributaria global y de la riqueza offshore de los ricos del planeta; a fin de garantizar el acceso estructural a los recursos que se requieren para construir sociedades equitativas, justas y sostenibles.
Quito, 14 de febrero de 2017
Organizaciones que se adhieren a la Declaración:
Latindadd
Red de Justicia Fiscal
Alianza Global para la Justicia fiscal (GATJ)
Tax Justice Network (TJN)
la Coalición por la Transparencia Financiera (FTC)
Canadienses por la Justicia Fiscal
Oxfam
Red por la Justicia Tributaria de Colombia
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)
Instituto de Justicia Fiscal (IJF/Brasil)
CristianAid
Instituto de Estudios Estrategicos y Politicas Publicas (IEPP/Nicaragua)
Fundacion Nacional para el Desarrollo (FUNDE/El Salvador)
Centro de Derechos, Economicos y Sociales (CDES/Ecuador)
Instituto de Estudios Socieconomicos (INESC/Brasil)
Comisión Nacional de Enlace (CNE/Costa Rica)
