Publicado en Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).
http://cdes.org.ec/web/los-estados-siguen-siendo-victimas-del-abuso-corporativo/
Las organizaciones abajo firmantes consideramos evidente que el pueblo ecuatoriano ha sido víctima de Chevron, del sistema de arbitraje internacional y de los perniciosos tratados bilaterales de inversión.
Recordemos los hechos de este juicio histórico de más de dieciséis años:
El caso Chevron – uno de los más emblemáticos a nivel mundial- es una muestra patente de la forma en la que los Estados son víctimas del sistema de justicia internacional; y, cómo esas mismas corporaciones siguen gozando de impunidad en todo el planeta.
Entre 1990 y 1993, la petrolera Texaco, actualmente Chevron, planteó siete juicios de carácter comercial en contra del Estado ecuatoriano y de la empresa pública Petroecuador.
Bajo el sistema judicial ecuatoriano, la parte denunciante o interesada en un proceso tiene la obligación de impulsar un proceso judicial. Esos seis casos comerciales nunca fueron impulsados por la petrolera.
Por otra parte, los afectados por el daño ambiental causado por las operaciones de Texaco (hoy Chevron), en el año 1993, plantearon un juicio en contra de la petrolera en las cortes del Estado de Nueva York.
Como una estrategia de la petrolera, para lograr que los jueces de los Estados Unidos desestimen la demanda de los afectados ecuatorianos, entre los años 1994 y 1998, procedió a celebrar un acuerdo de remediación ambiental con el Estado ecuatoriano y la petrolera estatal Petroecuador, durante ese periodo Texaco realizó trabajos para la supuesta remediación ambiental[1]. Con ese contrato y la posterior acta de liberación de responsabilidades, Chevron pidió a los jueces de Estados Unidos que desestimen la demanda realizada en Ecuador.
Para el año 2003, el caso se radicó en Ecuador; y, una vez que se empezaron a generar pruebas contundentes que inculpaban a la petrolera, ésta optó por plantear un arbitraje internacional en contra del Ecuador, acusándolo de denegación de justicia. Según la petrolera, hasta el año 2006, habían transcurrido 15 años, y esos juicios no se los había concluido. En verdad la petrolera nunca impulsó esos procesos judiciales.
El Estado planteó distintos argumentos jurídicos y técnicos ante los árbitros, ya que consideró que se estaba desconociendo al sistema de justicia de un país soberano. Es más, se aplicaba un convenio bilateral de protección de inversiones de forma inadecuada y retroactiva. Finalmente, el panel de arbitrajes ordenó que el Estado ecuatoriano le pague a Chevron la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE DÓLARES.
Por su parte los afectados, conformados por más de 30.000 indígenas y campesinos, agrupados en la Unión de Afectados por Texaco, UDAPT, lograron que la justicia ecuatoriana condene a Chevron a pagar más de 9.500 millones de dólares para reparar, en lo que es posible, el daño causado por la petrolera.
Es evidente que el sistema de justicia internacional en éste caso, de arbitraje internacional, está construido para proteger a las corporaciones, desconociendo en muchos casos a los sistemas de justicia domésticos y soberanos de cada Estado.
Es real que tanto éste arbitraje, como los otros dos casos, conocidos como Chevron I y Chevron III, fueron planteados por la petrolera como represalias o retaliación en contra del Estado ecuatoriano, por permitir el procesamiento del juicio ante el sistema de justicia ecuatoriano.
Es injusto pero real, que hoy el Estado ecuatoriano, le adeuda a la petrolera Chevron la suma de 96.355.369,17 dólares, más intereses. Pero al mismo tiempo es real y más que justo que la petrolera le adeuda a los afectados la suma de 9.521.000.000,00 de dólares americanos.
No puede por una parte exigirse al Estado a cumplir con una deuda injusta y por otra parte negarse a cumplir con una deuda legítima.
Por estas consideraciones, RECLAMAMOS:
Llamamos a las distintas organizaciones sociales conformar un frente común de lucha ante este atropello a los derechos humanos de los ciudadanos, para exhortar al Estado ecuatoriano a cumplir con la orden judicial ecuatoriana, es decir, a pagar dichos recursos a los afectados por las operaciones de Texaco, y no entregarle los recursos a la petrolera. Que los recursos que Chevron intenta extirpar a los ecuatorianos, se pueden quedar dentro del Ecuador, pagando a los afectados por Chevron.
Extendemos este llamado para exigir que se respete la orden judicial ecuatoriana y la sentencia, respectivamente; y, que el crédito que mantiene actualmente el Estado a favor de la petrolera, sea inmediatamente transferido a los afectados para que éstos puedan iniciar lo antes posible los planes y proyectos de reparación ambiental y social.
Rechazamos toda pretensión de someter la justicia ecuatoriana a los dictámenes injerencistas de los tribunales internacionales de inversión. Recordamos que la sentencia en contra de Chevron ha sido ratificada por el sistema judicial ecuatoriano y bajo ninguna circunstancia un tribunal extranjero puede constituirse en una cuarta instancia. Ello derivaría en la supresión de la soberanía y el sometimiento de nuestros países a intereses económicos y políticos extraños a las necesidades de nuestros pueblos.
Exigimos a las instancias correspondientes que actúen en derecho. Y nos unimos a las legítimas demandas de los más de 30 mil afectados ecuatorianos, indígenas y campesinos, exigiendo que se respete la sentencia y el embargo.
Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES, Ecuador
Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos -LATINDADD
Red de Justicia Fiscal de Latinoamérica
ORGANIZACIONES ADHERENTES:
Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad (La Campaña Global constituye una red internacional de organizaciones y movimientos sociales que reivindican la soberanía de los pueblos ante la arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales” (http://www.stopcorporateimpunity.org/list-of-signatories/)
Transnational Institute – TNI, Organización Mundial
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-
Red Latinoamericana de Industrias Extractivas – RLIE, América Latina
Grupos de Trabajo Continental sobre Inversiones, América Latina
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales – Icefi, Centro América
Amigos de la Tierra América Latina y Caribe – ATALC, América Latina
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador – CONAIE, Ecuador
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador – CONFENIAE, Amazonia Ecuador
Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo – FOSDEH, Honduras
Instituto de Estudios Socio-económicos – Inesc, Brasil
Centro de Investigación sobre inversión y comercio – CEICOM, El Salvador
Asociación Nacional de Industriales de Transformación -ANIT, México
Grupo Tacuba, México
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio – RMALC, México
Centro de los Derechos del Campesino, NICARAGUA
Coordinadora Civil, NICARAGUA
Centro de Iniciativas en Políticas Ambientales, NICARAGUA
Frente Amplio Opositor a la Transnacional Canadiense Newgold-Minera San Xavier – FAO, México
Derecho Ambiente y Sociedad – DAR, Perú
Fundar Centro de Análisis e Investigación, México
CooperAcción, Perú
Cooperativas CONGCOOP, Guatemala
Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos – ATTAC, Argentina
REDES-Amigos de la Tierra – FoE, Uruguay
Amigos de la Tierra Internacional, FoEI
Otros Mundos, México
CEIBA, Guatemala
CESTA, El Salvador
CENSAT Colombia, Argentina,
Sobrevivencia, Paraguay
REDES-AT, Uruguay
Parlamento de los Pueblos de Pastaza, Amazonia Ecuador
Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental Entre Ríos, Argentina
Asociación Ambiente y Sociedad – AAS, Colombia
Alianza Mexicana contra el Fracking, México
Cultural Survival, Estados Unidos
Colectivo de Geografía Crítica, Ecuador
Campaña popular contra el Muro de Apartheid, Palestina
The Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign, Palestine
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH, Ecuador
Bios Iguana A.C, México
Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) A.C, México
Comisión de Justicia y Paz, Colombia
Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – CONPAZ, Colombia
Centro Ecológico Zanja Arajuno – CEZA, Ecuador
ALAMES, Ecuador
Bloque Unitario Sindical y Social – BUSSCO, Costa Rica
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – FOCO, Argentina
Encuentro Ciudadano Lagunero, México
Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el Alba – Capítulo Perú
Solidariedade e Educação – FASE, Brasil
Unión Universal Desarrollo Solidario, España
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, México
Soldepaz Pachakuti, España
Ong Africando, Senegal
Instituto Madeira Vivo – IMV, Brasil
Aliança dos Ríos Panamazónicos, Brasil
Mining Watch, Canadá
INREDH, Ecuador
Yasunidos, Ecuador
Amazon Watch, Estados Unidos
Justiça Global, Brasil
Fundación Vida Urbana, Ecuador
Unión Nacional de Trabajadores del Sector Público y Privado – UNTRASEPP, Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos – ANEJUD, Costa Rica
Unión Nacional de Trabajadores – UNT, Costa Rica
Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos – CCTD, Costa Rica
Movimiento Acción Popular Urbana – MAPU , Costa Rica
Unión Nacional de Trabajadores de la Caja la Seguridad Social – UNDECA, Costa Rica
Comité Costarricense de Solidaridad con Cuba – CCSC, Costa Rica
Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la C.C.S.S. e Instituciones afines – SIPROCIMECA, Costa Rica
Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje – SITRAINA, Costa Rica
Comisión Nacional de Enlace – C.N.E , Costa Rica
Partido Patria Nueva – PPN, Costa Rica
Frente Nacional por la Seguridad Social – FRENASS, Costa Rica
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricense – SITECO, Costa Rica
Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica – SINDEU, Costa Rica
Sindicato Asistente del Sector Salud –SINASS, Costa Rica
Partido Revolucionario de los Trabajadores – PRT, Costa Rica
ADHESIONES PERSONALES
Verónica Grondona
Ligia Fallas – Diputada Asamblea Legislativa, Costa Rica
Jorge Alejandro Gaggero, economista, DNI 4526197, Argentina
Rocío Bastidas, bióloga, CI 1704153947, Ecuador
José Mármol, editor de SIGNIS ALC, Ecuador
Fabricio Guamán, Casa del Árbol, Ecuador
Ruth Arias, Universidad Estatal Amazónica, Ecuador
[1] Se usa el término supuesta remediación, porque la Contraloría General del Estado Ecuatoriano, durante los años 1998 y 2001, realizó un examen especial a los sitios supuestamente remediados y determinó que ninguno de los sitios fue remediado. Todos presentan altos niveles de contaminación. Entre los años 2004 y 2008 distintos expertos dentro del juicio de los pueblos de la Amazonía contra Chevron, verificaron distintos sitios y en todos los que supuestamente habrían sido remediados encontraron altos niveles de hidrocarburos.
