En poco más de 24 horas, Michel Temer, ex vicepresidente y ahora presidente interino dio señales inequívocas de su compromiso con el desmonte de instituciones de garantía de derechos y de combate a la corrupción.
No es casualidad que haya entrado a la cancha con un equipo compuesto 100% por hombres blancos, 78% millonarios, 31% dueños de radio y TV, 31% citados en la Operación Lava Jato, mostrando sus propósitos: transformación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en Ministerio de Trabajo. La política de la Previsión Social pasa a ser atribución del ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, con el compromiso explícito de realizar una amplia reforma de la Previsión Social, alterando la edad mínima para jubilación, desvinculando al salario mínimo del reajuste de las jubilaciones y posiblemente privatizando la Previsión Social. Él también afirmó que derechos adquiridos es un concepto impreciso, dejando claro que no preservará ni siquiera los derechos previsionales ya adquiridos. En lo que se refiere al INSS – Instituto Nacional de Seguridad Social entendido como pago de beneficios, lo que sobrará de él, será una mera atribución del Ministerio de Desarrollo Social y Agrario.
Extinción de la Contraloría General de la Unión (CGU), en ataque frontal al derecho de acceso a la información y limitación del combate a la corrupción. Su extinción, y ulterior substitución por el Ministerio de Transparencia, Fiscalización y Control, retira autonomía del organismo, fundamental para el enfrentamiento eficiente de la corrupción, y se opone a la doctrina internacional del control interno que determina que ese control esté directamente vinculado al dirigente máximo, en este caso a la Presidencia de la República. Como Ministerio, no tiene esa autonomía, y la institución perderá su capacidad de control y de corrección en relación a todos los demás órganos del Ejecutivo federal, limitando su trabajo y sus resultados.
Extinción del Ministerio de Igualdad Racial, de las Mujeres y de los Derechos Humanos: agendas ya debilitadas en el ajuste fiscal del gobierno Dilma, pasan a ser absolutamente dejadas de lado. Esto significa un profundo retroceso con relación a los derechos de mujeres y negros, y más específicamente, poblaciones palanqueras (quilombolas), pueblos de matriz africana, pueblos y comunidades tradicionales, población LGBT, grupos de víctimas de la trata de personas y tortura, etc. Estos grupos más vulnerabilizados de la sociedad brasileña ahora pasan a ser definitivamente invisibles para el Estado brasileño.
Los ministerios de la Educación y de Cultura, que desde 1985 estaban separados, vuelven a ser anexados. De acuerdo con la Medida Provisoria que propone las modificaciones, la Cultura pasa a tener apenas dos líneas de actuación: política nacional de cultura y preservación del patrimonio histórico. Además, el ministro escogido para el cargo es favorable a la disminución de la edad penal, además de haber elaborado un proyecto que define que 6 años de edad es la edad máxima para alfabetización, oponiéndose la visión de expertos en educación que escribieron el Pacto por la Alfabetización en la Edad Adecuada, que asocia la alfabetización con el tercer año de la enseñanza fundamental, a los 8 años.
Mendonça Filho, actual ministro de Educación y Cultura, también es influyente en el Instituto que “donó” al gobierno de Sâo Paulo el proyecto de reestructuración de las escuelas, que enfrentó una fuerte reacción de los estudiantes que pasaron a ocuparlas, primeramente por ese proyecto, y después por el robo de la merienda escolar. Su secretaria ejecutiva ya fue secretaria de educación en São Paulo, en las gestiones del PSDB y presidente del INEP en el gobierno Fernando Henrique Cardoso.
El actual Ministro de Justicia, mientras era secretario de justicia de Alckmin autorizó la invasión de las escuelas y la prisión de adolescentes que las ocupaban protestando contra la mafia de la merienda. Además, fue abogado de Eduardo Cunha y del PCC (Primer Comando de la Capital – facción criminal). ¿Será que él mantendrá la autonomía que estaba teniendo la Policía Federal? ¿Y será mera coincidencia esta interfaz con el gobierno Alckmin? ¿Se tratará de un proyecto PMDB/PSDB para 2018?
El Desarrollo Rural pasa a ser un anexo del Ministerio de Desarrollo Social – MDS que pasará a llamarse Ministerio de Estado del Desarrollo Social y Agrario. Bajo el comando del diputado federal Osmar Terra (PMDB-RS), no garantizará tierra para nadie más. En vez de la reforma agraria, la pauta ahora será fortalecer al micro emprendedorismo rural. Los agricultores familiares, campesinos e indígenas, que garantizan más del 70% de los alimentos que los brasileños consumen, pasan a ser tratados como pobres y ya no más como actores relevantes del desarrollo socio ambientalmente justo del país.
Además, los programas sociales desaparecieron de las atribuciones del nuevo MDS. En su lugar aparecen atribuciones vinculadas a la industria y el comercio, en el texto de la MP 726/2016. La escasa atención en lo que solamente puede ser un error grosero de “cortar y pegar” es sintomática de la falta de prioridad otorgada al área social en el gobierno provisorio de Temer. Ya con relación al Programa Bolsa Familia, aunque no aparezca en la Medida Provisoria, de acuerdo con el discurso oficial no será cortado, sino que será fuertemente revisto: “vamos a evaluar el programa, aumentar su eficiencia y explicar el motivo de que haya tanta gente en él.” – dijo el ministro Osmar Terra.
