MANIFIESTO
El Instituto Justicia Fiscal (IJF), el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), la Red Brasileña de Integración de los Pueblos (REBRIP), la Internacional de Funcionarios Públicos (ISP) y la Auditoría Ciudadana de la Deuda (ACD), con el apoyo de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC), de la Asociación Nacional de los Fiscales de la Receita Federal de Brasil (ANFIP), de las Seccionales Sindicales del Sindicato Nacional de Auditores Fiscales de la Receita Federal de Brasil (SINDIFISCO NACIONAL) de Salvador, de Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Ceará y de Espírito Santo, realizaron talleres,, durante los días 21 y 22 de enero, en el Foro Social Mundial Temático – 2016, destinados a abordar el tema JUSTICIA FISCAL PARA UN MUNDO MEJOR, y elaboraron, a partir de los debates realizados, el presente MANIFIESTO.
REFORMA TRIBUTARIA – TIENE QUE SER CON JUSTICIA FISCAL
El tributo no es un fin en sí mismo, sino un medio para responder a las demandas sociales. Las grandes transformaciones sociales que están en marcha, tanto demográficas y culturales como de estructura productiva, han producido nuevas demandas que exigen una reconfiguración y ampliación del fondo público especialmente del destinado a la seguridad social, con garantía de sus fuentes de financiamiento.
A esto se suma el carácter injusto de la actual carga tributaria, no por su tamaño, sino por su distribución, imponiendo la necesidad urgente de una reforma tributaria. El elevado peso de la tributación sobre el consumo cuando es comparado con la tributación sobre la renta y el patrimonio hace que los más pobres acaben pagando más impuestos que los más ricos, en proporción a sus ingresos, aumentando la desigualdad social. Según el IPEA (2008), quien ganaba hasta 2 salarios mínimos comprometía más del 50% de su renta con tributos mientras que quien ganaba más de 30 salarios mínimos, comprometía menos del 30%.
En 2013, más del 50% de la recaudación total fue oriundo del consumo, y solamente cerca del 20% fue proveniente de la renta. La tributación sobre el patrimonio representó menos del 4% de la recaudación total. En los países de la OCDE esta relación es invertida, siendo que la mayor parte de la tributación deriva de la renta. En los EE.UU., por ejemplo, más del 50% de la recaudación proviene de la renta y apenas el 16% tiene origen en el consumo.
Por lo tanto, una reforma tributaria con justicia fiscal, que respete la capacidad contributiva, debe ser capaz de desplazar parte de la carga tributaria que incide sobre el consumo (tributos indirectos) al patrimonio y la renta (impuestos directos). Con ese objetivo, una importante medida es fomentar el tratamiento isonómico en la tributación de los encajes independientemente de su origen, tanto del trabajo como del capital, y aumentar la tributación sobre las altas rentas. El Impuesto a la Renta de las personas naturales en Brasil, que representa apenas el 2,7% del PIB mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 8,5%, es extremadamente beneficioso para los rendimientos del capital y oneroso para los rendimientos del trabajo. Esto es así porque de forma aislada con relación a los demás países, los ingresos derivados de la distribución de lucros y dividendos en Brasil están exentos de dicho tributo, desde 1995.
Además, frente a la urgente necesidad de reducir las desigualdades sociales se vuelve imprescindible aumentar la tributación sobre el patrimonio, aumentándose las alícuotas que inciden sobre las grandes propiedades rurales y sobre herencias, e instituir la tributación sobre grandes fortunas e IPVA de embarcaciones y aeronaves, y reducir selectivamente la tributación sobre el consumo.
Sin embargo, una reforma tributaria justa solamente será posible a partir de la constitución de la hegemonía popular, lo que impone la necesidad de perfeccionar la comunicación y la articulación social, con miras a fomentar una nueva conciencia de ciudadanía. En este tema, programas de educación fiscal, gubernamentales o no, necesitan ser estimulados y protegidos contra intentos de distorsiones de su contenido, auspiciadas por determinados sectores, que descaracterizan su naturaleza de intereses colectivos y no individuales.
TRIBUTACIÓN DEL SECTOR EXTRACTIVO – BASTA DE LLEVARSE NUESTRAS RIQUEZAS Y DEJARNOS CON LA LAMA
El sector extractivo mineral tiene características diferenciadas en comparación con otros sectores económicos, lo que exige, por una cuestión de equidad, tratamientos fiscales específicos. Primeramente, por tratarse de un bien no renovable. Segundo, porque el mineral es un bien público, cuya explotación es realizada mediante concesión. Tercero, que esta actividad se desarrolla obligatoriamente en el local donde se encuentra el yacimiento, muchas veces desalojando comunidades, destruyendo sus medios y modos de vida, contaminando manantiales, destruyendo bosques. Cuarto, el hecho de ser una actividad preponderantemente comandada por gigantes transnacionales que explotan los recursos minerales destinándolos, de forma prácticamente exclusiva, a la exportación.
La sociedad brasileña, no solo las comunidades afectadas por las actividades extractivas, necesita debatir sobre el futuro de sus reservas, inclusive en lo que atañe a la conveniencia o no de seguir explotando sus riquezas, tomando en cuenta, entre otros: 1. alternativas de actividades económicas para el área posiblemente afectada, 2. cuestión estratégica de mantenimiento de reservas tomando en cuenta la creciente escasez de determinados minerales; 3. el retorno a la sociedad debe ser suficiente para garantizar alternativas económicas que sean independientes de la existencia de los recursos y que promuevan condiciones económicas, sociales y ambientales, después del agotamiento de los recursos, superior a las condiciones existentes antes de la explotación; y 4. la necesidad de internalización de los costos socioambientales en los propios proyectos de explotación.
Para la promoción de la justicia fiscal en el sector extractivo también es necesario establecer nuevos marcos legales y normativos para disciplinar las concesiones de explotación de los recursos rompiendo con la lógica feudal vigente que permite que empresas detenten reservas basándose exclusivamente en la lógica temporal (orden de pedidos). Se debe derogar la Ley Kandir que exime del ICMS a la exportación de minerales; rever la legislación que regula los royalties minerales por ser los más bajos del mundo; implementar participación especial para proyectos de grandes volúmenes o gran rentabilidad, siguiendo el ejemplo del sector de petróleo y gas; eliminar las renuncias fiscales concedidas en el ámbito de la SUDAM para la explotación de dichos recursos; y rever las legislaciones subnacionales que otorgan tratamiento diferenciado a la Minería en la cobranza del ICMS.
No es razonable que pautemos el desarrollo nacional en la premisa de asumir impactos sociales y ambientales como parte del juego, facilitando y exonerando la exportación de insumos bajo el único o principal argumento de la generación de superávits comerciales, sin considerar todos los elementos que deberían ser evaluados para permitir la explotación de la riqueza de una nación.
Por tratarse de explotación de recursos públicos, es también necesario establecer mecanismos que garanticen absoluta transparencia en materia de aspectos tributarios, sociales, ambientales y económicos de las empresas incluyendo transparencia en relación a los registros contables y a las transacciones internacionales de todos sus subsidiarios, países por país.
ARQUITECTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA GLOBAL – EL CERCO A LOS MECANISMOS DE EVASIÓN FISCAL TIENE QUE CERRARSE
La reconfiguración de la economía mundial promovida por la globalización trajo innumerables mecanismos de fragilización de la capacidad de tributación de las naciones. El aumento del comercio internacional, tanto de bienes como de servicios, se produjo, básicamente, mediante operaciones intrafirma; cuyos precios, por lo tanto, son determinados no por meras cuestiones de oferta y demanda, sino para satisfacer los agresivos intereses de la planificación tributaria de las multinacionales.
De esta manera, el comercio internacional que deriva de la globalización ya no es más comercio en su esencia, sino una simple transferencias de mercaderías o de insumos entre unidades de una misma corporación; de tal forma que tanto la facturación de las empresas pulverizadas alrededor del mundo, como los costos deducibles son manipulados con miras a transferir los lucros a paraísos fiscales o a países que ofrezcan beneficios tributarios especiales. Es justamente este mecanismo que ha sido responsable de una parte significativa de la evasión fiscal, presionando la carga tributaria en dirección a los sectores más vulnerables de la población, dificultando el ejercicio del poder regulador del Estado e imposibilitando el financiamiento de servicios públicos universales de calidad.
CAMPAÑA GLOBAL POR JUSTICIA FISCAL – QUE LAS TRANSNACIONALES PAGUEN LO QUE ES JUSTO
La falta de recursos para las políticas públicas, para la promoción de Derechos y para responder a las demandas más urgentes de las sociedades, como salud, educación, seguridad, saneamiento y otras, ocurre en gran medida debido a la enorme evasión/elisión fiscal promovida por las grandes corporaciones multinacionales, a través de una planificación tributaria agresiva, utilizando maniobras contables o brechas legales para reducir considerablemente los impuestos debidos.
Esta realidad impone la necesidad de movilización ciudadana con el objetivo de acabar con este verdadero saqueo de los recursos públicos. Con ese objetivo, diversas organizaciones de la región, impulsadas por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y Caribe están realizando una campaña que busca canalizar, en el ámbito continental, acciones de investigación, denuncia, movilización y divulgación en favor de la justicia fiscal.
La campaña QUE LAS TRANSNACIONALES PAGUEN LO QUE ES JUSTO busca generar capacidad crítica y ciudadana en la sociedad para la implementación de una serie de reformas sobre la tributación de las grandes multinacionales. Busca también la cooperación tributaria en la región con miras a eliminar la competencia entre los países para ver quien concede más incentivos a las transnacionales. Además, reivindica una serie de medidas coordinadas para evitar la evasión de tributos, tales como: transparencia fiscal; fin de los paraísos fiscales; que las multinacionales sean tratadas como únicas y no como diversas filiales independientes, realizando informes país por país; combate a las corrientes ilícitas; fin de las renuncias tributarias.
La presente campaña busca sensibilizar a la sociedad con relación a los riesgos que la profundización de este modelo de internacionalización de la economía, sin controles nacionales o supranacionales, puede producir en la capacidad de las Naciones de responder a las demandas de las sociedades, de construir un sistema tributario más justo, de preservar sus soberanías y medio ambiente y de fortalecer la democracia. QUE LAS TRANSNACIONALES PAGUEN LO QUE ES JUSTO, de acuerdo con la actividad económica que produzca en cada país, es una condición esencial para la construcción de una sociedad más justa, libre y solidaria.
Porto Alegre, 22 de enero de 2016.
