En un estudio divulgado hoy por el Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc) se demuestra, por primera vez, cómo las medidas de austeridad fiscal y la aprobación de la Enmienda Constitucional 95 en Brasil han reducido las políticas sociales necesarias para proteger a la población más vulnerable de la actual pandemia.
Intitulado Brasil con baja inmunidad – Balance del Presupuesto General de la Unión 2019, el informe revela que, desde 2014 hasta el año pasado, el constante esfuerzo fiscal realizado por el gobierno resultó en cortes de un 28,9% en los gastos discrecionales de los programas sociales del país. Solamente en el período que abarca los años de 2018 y 2019, la reducción de los gastos llegó a un 8,6%.
El presupuesto de 2019 para el sector de la salud, que sufre ya una histórica insuficiencia de recursos en el Sistema Único de Salud (SUS), no aumentó respecto al año anterior, permaneciendo en un valor similar a los niveles de 2014. Por otra parte, la población brasileña aumentó en 7 millones de habitantes en ese período, revelando una grave reducción de los gastos per cápita en esa área.
“Brasil está visiblemente fragilizado para enfrentar los desafíos traídos por la pandemia”, afirma Livi Gerbase, asesora política del Inesc.
Además de la función Salud, la publicación del Inesc evaluó la ejecución del presupuesto general de la Unión (OGU, por sus siglas en portugués) en 2019 para otros siete conjuntos de políticas públicas: Educación, Derecho a la Ciudad, Socioambiental, Niño y Adolescente, Igualdad racial, Mujeres y Pueblos indígenas.
Para la experta en Justicia Fiscal, aunque la crisis de la Covid-19 tiene origen en la salud, sus efectos se extienden por todas las políticas públicas. Eso se debe a que el aislamiento de la población ha paralizado la actividad productiva, lo cual generará una profunda recesión, el aumento del desempleo y el empeoramiento de las desigualdades sociales.
“En un país en el cual los pobres, los negros, las mujeres y los indígenas son siempre los más penalizados, la pandemia de Covid-19 va a hacer que todo sea aún más difícil para esa gran porción de la población”, sentencia Livi.
Se concluye en el estudio del Inesc que la contención de los gastos que apunta tan solo a un objetivo fiscal tiene un precio muy alto, sobre todo para los grupos más vulnerables, que pagan la cuenta de forma desproporcionada. En contrapartida, el gobierno federal festejó la reducción del déficit primario entre 2018 y 2019, que pasó de un 1,8% del PIB a un 1%, o 95,1 mil millones de reales. El número se debió, en gran medida, a los bloqueos del gobierno a grandes partidas presupuestarias, que solo fueron derogados a fin de año, impidiendo la ejecución de los gastos.
“Más allá de un análisis frío de los números, tratamos de averiguar si las políticas públicas y sus respectivos presupuestos están al servicio del bienestar de las personas, sobre todo de las que más los necesitan, y no solamente para proteger la deuda pública, muchas veces enriqueciendo a sectores económicos que ya son harto privilegiados”, declara la asesora del Inesc.
Según ella, este es el primer informe de una serie que el Inesc publicará anualmente, con el propósito de hacer un seguimiento de los gastos federales para la promoción de derechos humanos. La Metodología Presupuesto & Derechos, usada en el documento, somete al análisis presupuestario a una “prueba de derechos humanos”, teniendo como base cinco requisitos o pilares: financiación con justicia fiscal, movilización máxima de recursos disponibles, realización progresiva de los derechos, no discriminación y participación social.
Entre las medidas propuestas por el Inesc ante la recesión que se anuncia, se encuentran:
– revocación de la Enmienda Constitucional 95 en carácter definitivo.
– manutención de los empleos y salarios, con políticas de protección a los informales.
– recomposición de los presupuestos del Sistema Único de Salud (SUS).
– fortalecimiento de órganos ambientales de fiscalización, apuntando a un crecimiento sostenible.
– reforma tributaria con gravamen de ganancias y dividendos y contribución más justa para impedir que los superricos (que ganan más que 320 salarios mínimos) sigan pagando menos del 2% de alícuota efectiva de Impuesto sobre la Renta (IR).
– aprobación, en carácter de urgencia, del Fondo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica y Valorización de los profesionales de la Educación (Fundeb).
– transparencia respecto al balance de las actividades de combate a la Covid-19, explicitando el detalle de la ejecución del presupuesto para esa área.
A continuación, se exponen algunos ejemplos de programas sociales que han sufrido cortes de recursos:
Educación
En Educación, las inversiones públicas cayeron, en términos reales, de 109 mil millones de reales en 2018 a 106 mil millones en 2019 – una reducción que podría haberse evitado si el valor total autorizado, de 123 mil millones de reales, se hubiera ejecutado integralmente.
El fomento a la investigación registró la pérdida de la mitad de los recursos para la Capes (Coordinación del Personal del Nivel Superior) y el CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico). De 2015 a esta parte, el desplome en el presupuesto de la Capes, por ejemplo, fue de 9 mil millones a 4,5 mil millones.
Igualdad racial y de género
Esta área ha sido una de las más perjudicadas por el gobierno federal en 2019. La variación del presupuesto para igualdad racial quedó negativa en un 45,77% en comparación con el año anterior. Si se considera el período de 2014 a 2019, la caída real de los recursos en dicha área fue de un 81%. Lo mismo ha sucedido con las políticas para las mujeres, cuyo presupuesto se redujo en un 75%.
Medio Ambiente
A partir de 2017, la ejecución del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) cayó bruscamente hasta llegar a 2019 con la menor ejecución presupuestaria de ese organismo en la serie analizada desde 2012. Fueron 2,62 mil millones ejecutados – una caída de un 8,6% respecto a 2018 e de un 20% respecto a 2012.
Derecho a la ciudad
La función presupuestaria “Urbanismo” reúne parte expresiva de las acciones y programas del extinto Ministerio de las Ciudades, tales como servicios urbanos y transporte colectivo urbano. Llegamos a 2019 con recursos autorizados un 50% menores que en 2012.
Salud indígena
En 2019, la ejecución del presupuesto de la acción relacionada a la salud indígena fue de 1,48 mil millones de reales contra 1,76 mil millones en 2018, o sea, alrededor de 280 millones menos, lo que compromete la atención de este grupo, que presenta indicadores peores que el resto de la población en los casos de suicidio, desnutrición, mortalidad infantil y tuberculosis.
Programa Nacional de Educación (PNE)
El PNE preveía, para 2019 y 2020, la asignación de un 7% y un 10% del PIB, respectivamente. Con el corte presupuestario, ese porcentaje no debe pasar el 5% alcanzado en 2018. El año pasado, el Ministerio de Educación sencillamente excluyó el criterio Costo Alumno-Calidad (CAQ, por sus siglas en portugués, que mensuraba la financiación en relación con la calidad de la Educación Básica), en la definición de los gastos del Ministerio.
Programa de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA)
Bajo la responsabilidad del gobierno federal, el EJA tuvo reducidos sus recursos de 76 millones a 2,4 millones, el año pasado. Según el Censo Escolar 2019, las matrículas para esa etapa de la enseñanza disminuyeron un 7,7% en ese período, pero, como no hay estudios que identifiquen las razones de esa caída, surge la hipótesis de la falta de oferta de plazas. Con ello, se pierde la oportunidad de cumplir con las metas de reducción del analfabetismo funcional y de aumento de la escolaridad de la población adulta.
Protección a los Niños y Adolescentes
El valor gastado con la implementación de políticas de atención básica a la salud de niños y adolescentes, considerando la ejecución financiera de los dos Planes Presupuestarios juntos, se desplomó de 17,5 millones en 2018 a 6,81 millones el año pasado.
El Plano Decenal aprobado por el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (CONANDA) contaba, al estrenar, en 2012, con 13 acciones. Pero llegó a 2019 con cuatro. Tan solo un 27,4% de los 159,45 millones de reales autorizados para 2019 se ejecutaron.
En 2019, prácticamente desapareció la previsión presupuestaria para el combate específico a la violencia sexual contra niños y adolescentes. El enfrentamiento de ese crimen se ha integrado a un programa más general, que incluye varios tipos de violencia contra niños y adolescentes, reduciendo la transparencia de las acciones específicas. Aun así, en 2019, no se ejecutó ningún recurso.
Trabajo Infantil
Más de 1,8 millón de niños y adolescentes (de 5 a 17 años) estaban en situación de trabajo infantil, en 2016 (PNAD Continua). Incluso ante la meta de erradicar ese mal hasta 2025, los gastos para la Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Infantil, en 2018 y 2019 no tuvieron siquiera previsión presupuestaria.
Sobre el INESC – El Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc) es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, no partidaria, con sede en Brasilia. Desde su creación en 1979, la institución defiende la democracia y los derechos humanos, al igual que el combate a cualquier tipo de discriminación y de desigualdad. El Inesc fue una de las cinco organizaciones de la sociedad civil que crearon la campaña Ingreso Básico que Queremos, iniciativa que culminó en el auxilio de emergencia de 600 reales para millones de brasileños vulnerables afectados por la pandemia.
