Ante la crisis política por la que está pasando Brasil, nos hemos acercado a las organizaciones contraparte de InspirAction en el terreno para preguntarles cómo ven la situación y cómo puede afectar a la labor que realizan en defensa de los Derechos Humanos. La respuesta es clara, las organizaciones sociales brasileñas temen que el proceso de deposición de la Presidenta Dilma Rousseff ponga en peligro la joven democracia del país y, con ello, los avances que se han dado en los últimos años en la lucha contra la pobreza y las desigualdades.
Estas sospechas tomaron forma cuando el pasado 12 de mayo el recién nombrado Presidente Interino, Michel Temer, anunció la supresión del Ministerio de Cultura como entidad independiente. Por suerte, las protestas y críticas hicieron que esta primera medida fuese revocada días después. No obstante, hay muchas otras medidas que pueden afectar negativamente a los derechos adquiridos como la intención del gobierno interino de recortar el gasto en educación, sanidad pública y programas sociales. Dada la desigualdad y pobreza existente en el país, estos recortes afectarán con especial intensidad a la población más pobre y a colectivos que históricamente han sido discriminados como los indígenas y afrodescendientes, como los pueblos quilombolas.
Sin ir más lejos, el programa del nuevo gobierno “Puente para el futuro” pretende revisar las políticas agrarias sobre las que algunas organizaciones como, MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), también contraparte de InspirAction, han estado trabajando sin descanso durante los últimos años.
Esto ha hecho que el gobierno interino no cuente con el apoyo de muchas organizaciones sociales y sectores de la población. La redPAD (Processo de Articulação e Diálogo) ha denunciado recientemente que: “La estructura del gobierno actual evidencia la marcha atrás en los derechos y el perfil de sus miembros demuestra el carácter patriarcal, racista y con poder económico que ha guiado la elección de ministros. Representa una clara regresión en la lucha por los derechos, la igualdad y la representación política”.
Según Iara Pietricovsky, activista brasileña y Directora de INESC (Instituto de Estudios Socioenómicos), se está produciendo un proceso injusto e irregular, motivado por las aspiraciones de poder de una clase política conservadora y profundamente afectada por la corrupción.
La activista brasileña no reconoce como legítimo el nuevo gobierno impuesto por el proceso de impeachment, considerándolo como un golpe de estado político y mediático.
Algunas organizaciones, como INESC, contraparte de InspirAction, denuncian que se ha justificado el proceso de destitución de la presidenta sin existir “crimen de responsabilidad administrativa” demostrado, y que las prácticas por las cuales ha sido denunciada, si bien están lejos de ser las correctas, han sido aplicadas por muchos presidentes anteriores con el fin de maquillar el déficit presupuestario. Por eso, anuncian que no van a quedarse paradas, vigilarán de cerca las políticas del nuevo gobierno para asegurar que se cumplen los Derechos Humanos por los que tanto han luchado.
