Brasil gasta alrededor de R$ 68 mil millones al año con subsidios a combustibles fósiles

18/06/2018, às 3:20 PM (actualizado el 28/06/2023, às 3:32 PM) | Tiempo estimado de lectura: 8 min
Monto se deja de invertir en políticas públicas. Secreto fiscal impide que la población sepa quiénes son los más beneficiados con las medidas.

Estudio  lanzado  por  el  Instituto  de  Estudos  Socioeconômicos  (Inesc) el lunes (18 de junio) estimó  que,  entre  2013  y  2017,  los  subsidios  a  los  combustibles  fósiles  en  Brasil,  en forma  de  renuncias  fiscales  y  gastos  directos,  alcanzaron  R$  342,36  mil  millones.  El promedio  anual  de  subsidios  fue  del orden de los R$ 68,6 mil millones, o sea, 1% del Producto Interior Bruto (PIB) del país o lo equivalente a dos programas Bolsa-Família.

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El documento intitulado “Subsídios aos  combustíveis  fósseis  no  Brasil:  conhecer, avaliar e reformar” partió de la adaptación de la base de datos elaborada por la Overseas Development Institute (ODI), en asociación con la Oil Change International (OCI) y el International  Institute  for  Sustainable  Development (IISD).  Se  consideró  subsidio  a combustibles  fósiles  todo  lo  que  el  gobierno  gasta  o  deja  de  recaudar  para  beneficiar directamente al productor de petróleo, gás natural y carbón mineral o el consumidor de gasolina, combustible diesel y gas de cocina.

Entre las renuncias fiscales identificadas, las de mayor monto son aquellas relativas a la reducción  de  cobro  del  PIS/Cofins  sobre  los  combustibles  y  de la Cide-Combustíveis, las  cuáles  resultan  en pérdidas de recaudación estimadas en R$ 178 mil millones y R$46 mil millones, respectivamente, en el período analizado. En los dos casos, la renuncia configura subsidios al consumo de combustibles fósiles para el sector de transporte.

Con la publicación  del  estudio,  el  Inesc  pretende contribuir para las discusiones sobre subsidios  en  medio  a la crisis del combustible diesel – desencadenada por la huelga de los  camioneros  en  mayo  del  2018,  y cuya solución encontrada por el gobierno federal fue  la  de  aumentar  los subsidios al consumo que vienen como una factura amarga que será paga por la población.

Para las  autoras  del  estudio,  Alessandra  Cardoso  y  Nathalie  Beghin,  la  pesquisa  se lanzará  en  un  momento  oportuno  para  un  debate  profundizado  sobre  qué  son  los subsidios  a  los  combustibles  fósiles,  cuál  es  la  importancia  de  medirlos,  por  qué reducirlos o eliminarlos y quién se beneficia con las medidas en este sentido.

El  sector  de  Óleo&Gás (O&G),  por  exemplo,  es  beneficiario  de  varios  regímenes especiales de tributación, siendo el más importante, en términos de valores, el Repetro – Régimen  Aduanero  Especial  de  Exportación  e  Importación  de Bienes destinados a las actividades de Pesquisa y de Labra de Yacimientos de Petróleo y de Gas Natural. El año pasado,  el gobierno brasileño, en intenso diálogo con grupos de interés relacionados al sector del petróleo, renovó el Régimen, que vencería en 2020, por otros 20 años.

«Los subsidios a la producción, cuyo Repetro es el ejemplo principal, revelan cuánto los gobiernos  abren  mano  de  la  recaudación,  importante  para  las  inversiones  en  políticas públicas esenciales para disminuir costos al sector”, apuntaron las autoras Alessandra y Nathalie. “Y cuánto invierten recursos públicos para apoyar su desarrollo, sea por medio de   gastos   directos,   sea   por   financiaciones  subsidiadas  o,  incluso,  por  aportes  de inversiones públicas para empresas estatales, como en el caso de la Petrobrás”, añaden.

Subsidios necesarios

El estudio también revela que ni siempre los subsidios son maléficos. En algunos casos, pueden  ser  necesarios  o  solidarios  para  garantizar,  por  ejemplo, el acceso a la energía eléctrica  en  condiciones  igualitarias  a  todos  los  habitantes  del  país.  Es  el  caso  de  la región   Norte   de   Brasil   donde   el  costo  de  la  generación  es  más  alto  por  ser  el combustible diesel la fuente principal.

Según el documento del Inesc, en los últimos cinco años, los subsidios a la generación termoeléctrica  basada  en  el  combustible  diesel  en  la  región Norte fueron del orden de los R$ 27 mil millones, en su mayor parte, pagos por los consumidores, por medio de la tasación en la cuenta de energía eléctrica.

Pero  existen  alternativas  a  este  subsidio,  que  están  más  próximas  a  cada día, como la generación descentralizada con base en la energía solar o en la biomasa. El estudio trae, por ejemplo, dos grupos indígenas de Raposa Serra do Sol, en Rondônia, y en Xingu, en Pará, que ya están haciendo experiencias de generación de energía solar. “Son ejemplos de  cómo  es  posible  reformar  subsidios  a  los  combustibles fósiles, con planeamiento y política  pública, capaz de incentivar que otras fuentes puedan aparecer y que sean más viables económica, social y ambientalmente”, defienden las autoras.

Agenda propositiva

El estudio llama la atención para los impactos climáticos, sociales y ambientales de los subsidios  a  los  combustibles  fósiles  y  defiende  que  el  gran  desafío  de  medirlos  y reformularlos debe ser asumido por los gobiernos en un esfuerzo global.

Una  agenda  propositiva,  en  la  visión  de  Inesc,  se  debería  construir  en  tres  frentes paralelas:  1)  conocer  con exactitud cuáles son y cuánto representan los subsidios; para ello,  se  necesita  más  transparencia  y  una  revisión  del  concepto  y  metodología  de mensuración  de  gastos  tributarios  adoptada  hoy  por  la  Receita  Federal  do  Brasil);  2) evaluar cuáles subsidios son más costosos, dañinos, de reforma más factible y son más urgentes  frente  a los otros compromisos también asumidos, en especial al Acuerdo del Clima  (INDC)  y  a  los  Objetivos  del  Desarrollo  Sostenible;    3)  aprobar  propuesta legislativa  que  termine  con  el silencio fiscal de los beneficiarios de Gastos Tributarios en  Brasil,  lo que permitiría identificar cuáles son los beneficiarios vinculados al sector de Óleo&Gás;.

El estudio está firmado por Alessandra Cardoso, asesora política del Inesc, doctoranda en Economía aplicada por la Unicamp; y Nathalie Beghin, coordinadora de la Asesoría Política del Inesc, economista formada por la Université Libre de Bruxelles (ULB), con maestría y doctorado en Políticas Sociales por la Universidade de Brasília (UnB).

El Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) es una organización no gubernamental, con  sede  en  Brasília,  que  actúa  en  la  promoción  de  los  derechos  humanos  y  de  la democracia  y  tiene  como  principal  instrumento  de  trabajo  el  presupuesto  público.  El Inesc  hace  parte  de  la  Associação  Brasileira  de  Organizações  Não  Governamentais (Abong).

 

Más información a la prensa: Kátia Visentainer – Emporio das Ideias

+ 55 11 3578.1583 / 96578.7070 – emporiodasideias@gmail.com

Categoría Noticias
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