Por Jocelio H. Drummond / Gabriel Casnati.
Las leyes que regulan hoy en día la tributación corporativa internacional están en vigor desde hace casi 100 años, lo que explica la obsolescencia del sistema actual. Existen «agujeros» en la legislación, convenientes para los evasores, toda vez que estos pueden transferir dinero hacia paraísos fiscales en transacciones simples y que no pueden ser denunciadas como ilegales. En este marco, el informe de la Comisión Independiente para la Reforma Tributaria Corporativa Internacional y la campaña global «Que las empresas transnacionales paguen lo justo» buscan poner en pie un nuevo orden tributario mundial más compatible con la justicia social.
A partir de la segunda mitad del siglo xx se intensificó el uso de los llamados «paraísos fiscales» –jurisdicciones con tributación nula o extremadamente baja– por parte de las empresas multinacionales y de los sectores más ricos de las elites nacionales, con la finalidad de aumentar sus ganancias al evitar el pago de impuestos en los países donde operan. Aunque esta práctica, con sus consiguientes desequilibrios en las cuentas públicas, no sea reciente, solo en los últimos años el tema empezó a llamar la atención de los medios y de la sociedad civil, que presionó tanto a los gobiernos como a las instituciones internacionales para colocar el tema de la evasión fiscal en sus agendas.
Aun cuando sea extremadamente complicado calcular las cantidades depositadas en los paraísos fiscales, algunas organizaciones internacionales realizaron algunas estimaciones. Según la Tax Justice Network, en 2012 había cerca de 32 billones de dólares escondidos en esos paraísos fiscales, mientras que el periódico inglés The Guardian afirma que cerca de un billón de dólares sale anualmente de países en desarrollo rumbo a los lugares de baja o inexistente tributación.
Teniendo en cuenta esta información y frente a la actual coyuntura políticoeconómica global, el movimiento sindical considera la tributación internacional de corporaciones y grandes fortunas como un importante medio para reducir las desigualdades sociales y como factor decisivo para el desarrollo de los países pobres, además de ser una prerrogativa necesaria para el financiamiento de servicios públicos universales de calidad. Por lo tanto, para alcanzar estos objetivos, es imprescindible que se realice una profunda reforma en las obsoletas leyes tributarias internacionales, a partir de una propuesta construida en espacios de discusión representativos, que apunte al bienestar social y no a los intereses corporativos, como ha prevalecido hasta ahora en los espacios de gobernanza global. Estadísticas de 2015, divulgadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (unctad, por sus siglas en inglés) el 3 de mayo de 2016, muestran los siguientes datos:
a) Entre 2010 y 2014, Hong Kong lideró la transferencia de recursos en dirección a los paraísos fiscales, con 33% del total del monto transferido (148.000 millones de dólares), seguido por Estados Unidos, con 21% (93.000 millones); Rusia, con 17% (77.000 millones); China, con 10% (45.000 millones) y Brasil, con 5% (23.000 millones). Los demás países sumados representaron 14% del total (64.000 millones de dólares).
b) Solo en 2015, los flujos financieros hacia paraísos fiscales alcanzaron la cifra de 72.000 millones de dólares.
c) El estudio exhibe que, en una muestra de multinacionales provenientes de 26 países desarrollados, estas tuvieron más ganancias en las Bermudas (43.700 millones de dólares) que en China (36.400 millones).