Nuevo informe “El Escándalo de la Desigualdad: las múltiplas caras de la desigualdad en América Latina y el Caribe”, lanzado por Christian Aid, señala que la desigualdad en la región basada en la identidad, género, situación económica, cambio climático y ubicación geográfica sigue siendo vergonzosa. Las desigualdades se conectan y excluyen a las personas, impidiendo un desarrollo sostenible.
La mujer carga con el peso de las desigualdades en la región, son las mujeres quienes más sufren por la violencia, los sistemas fiscales se ensañan contra ellas, las mujeres tienen menos oportunidades a acceder a trabajos dignos y son las más afectadas por el cambio climático.
Desde la publicación del último informe de Christian Aid sobre la desigualdad en el 2012, la región ha experimentado algunos cambios positivos, pero a pesar de que muchos han salido de la pobreza, la riqueza y la desigualdad social se mantienen y la región continúa siendo la más desigual en el mundo.
“Para nosotros la justicia social significa una sociedad más equitativa, no sólo en términos financieros sino en términos de la capacidad de las personas de ejercer sus derechos, en políticas que incluyan a todas las personas y que ayuden a acabar con las desigualdades”, afirma Mara Manzoni Luz, Directora de Christian Aid para América Latina y El Caribe.
El informe explora la identidad racial y étnica y da atención especial a la situación de los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes, quienes son los más afectados por la exclusión social y el racismo.
El informe examina el tema de desigualdad en el contexto de la violencia de género, incluidos la violencia sexual y el feminicidio, tan prevalentes en la región, hacen de América Latina una de las regiones más violentas del mundo. De los cinco países más peligrosos para las mujeres, cuatro se encuentran en la región, siendo El Salvador el país con la mayor tasa de homicidios de mujeres en el planeta.
El informe destaca que la justicia fiscal puede jugar un papel clave en reducir la desigualdad, no sólo a través de las transferencias de impuestos, sino también con la implementación de sistemas fiscales progresivos, y la inversión de los ingresos fiscales en la provisión de servicios públicos universales garantizados por sistemas más justos y transparentes de inversión en los países.
Se destaca que la sociedad civil incluidas las organizaciones basadas en la fe y los movimientos sociales tienen un papel fundamental en combatir las desigualdades y en asegurarse que los gobiernos rindan cuentas, exijan cambios, denuncien las desigualdades y lo que se está haciendo para superarlas.
El informe insta a los gobiernos y la sociedad civil a:
• Abordar urgentemente la desigualdad de los pueblos indígenas y afro-descendientes, garantizando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Implementar medidas referentes al control del poder político, participación política y al acceso a la tierra
• Desafiar directamente el creciente problema de la violencia y de la violencia de género y sus interrelaciones con las desigualdades
• Utilizar el sistema de impuestos para combatir la concentración de la riqueza y permitir que la región autofinancie su propio desarrollo. Mejorar el acceso a empleos decentes para superar de forma sostenible la pobreza y la desigualdad
• Responder a los desafíos que presenta el cambio climático y la necesidad urgente de avanzar a un desarrollo bajo en carbono
