La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó por primera vez en el marco de sus audiencias temáticas, el vínculo entre la política fiscal y los derechos humanos en Octubre de 2015 (156° período de sesiones). El informe presentado por una coalición de organizaciones que trabajan en los campos de los derechos humanos, la justicia fiscal y el desarrollo, sentó las bases de un debate largamente pospuesto en la región: la injusticia fiscal como un asunto de derechos humanos. El informe ponía en relieve el rol de las políticas fiscales regresivas e injustas en la profundización de las desigualdades en la región pero también ponía énfasis en su potencial transformador y redistributivo, así como en las obligaciones de los Estados de usar sus recursos para garantizar los derechos humanos.
El debate sobre la política fiscal en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no solo es un debate actual y necesario sino una pieza fundamental en el acercamiento de las agendas económicas y de derechos en la región. Las decisiones macroeconómicas, incluidas aquellas en materia tributaria y presupuestaria, influyen y determinan el nivel de goce efectivo de los derechos humanos; los ministerios de economía y finanzas, así como los parlamentos cuanto toman decisiones en estos campos, tienen un enorme poder en el establecimiento de las prioridades de los gobiernos sobre cómo se recauda y en qué se gastan los recursos públicos. El manejo de los recursos financieros para la protección de los derechos cobra mayor importancia en contextos de crisis o de reducción del crecimiento económico como el que atraviesa la región.
Tradicionalmente en América Latina, al igual que en otras regiones, los gobiernos han respondido a los periodos de crisis económica con la adopción de medidas de austeridad fiscal – caracterizadas por: a) una reducción drástica de los presupuestos destinados a brindar servicios públicos básicos y programas de protección y seguridad social, b) una subida de los impuestos indirectos regresivos que recaen más sobre las clases medias y la población más pobre, c) una disminución en la protección a los derechos laborales, y d) una privatización de los bienes y servicios públicos. Esto sucede a pesar de la evidencia existente sobre los efectos contraproducentes de las políticas de austeridad fiscal para salir de una crisis económica, y de que existen varias alternativas para expandir el espacio fiscal (ej. aumentar los ingresos fiscales de forma equitativa, combatir la elusión y evasión tributaria, frenar los flujos financieros ilícitos, re-priorizar el gasto público), medidas que podría contrarrestar la necesidad o la severidad de la austeridad y proteger de mejor manera los derechos humanos a través del ciclo económico. Lamentablemente, en el actual contexto de desaceleración económica en América Latina, varios países han empezado a adoptar paquetes de medidas de austeridad y otras reformas más o menos visibles dirigidos a implementar la receta tradicional de medidas de austeridad.
Con el fin de profundizar los argumentos y evidencia expuestos en la audiencia temática regional antes mencionada, la coalición de organizaciones que auspiciaron dicha audiencia organizaron un diálogo internacional “Política Fiscal y Derechos Humanos en Tiempos de Austeridad” con el auspicio de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH, en el marco del 157° periodo de sesiones, llevado a cabo en Abril de 2016. El diálogo convocó a distinguidos/as expertos/as miembros de organismos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como a funcionarios de organismos intergubernamentales y representantes de la sociedad civil de la región, con el propósito de analizar la evidencia de los impactos iniciales de las medidas de austeridad en 3 algunos países de la región (México, Colombia y Brasil), destilar las lecciones aprendidas sobre el rol de los mecanismos de derechos humanos del Sistema universal y europeos durante la crisis económica del 2008 y analizar los estándares y principios de derechos humanos que los Estados deberían tener en cuenta en el diseño y la implementación de sus políticas fiscales en contextos de crisis económica.
Temas del diálogo
En sus presentaciones introductorias, el Presidente de la CIDH, James Cavallaro, el Comisionado Paulo Vannuchi y la Directora Ejecutiva Adjunta del Center for Economic and Social Rights (CESR) Gaby Oré Aguilar, destacaron el significado y la importancia del rol de la CIDH en el abordaje de la política fiscal en el contexto de contracción económica que atraviesa la región. En consonancia con el desarrollo normativo y jurisprudencial de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, se enfatizó la forma en que los estándares y principios de derechos humanos que se derivan de los tratados internacionales y regionales pueden guiar de manera oportuna las políticas de los Estados en materia fiscal, para evitar el deterioro en los derechos humanos que acarrea la implementación de las medidas de austeridad fiscal, especialmente sobre los sectores en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
Fecha: 11 de Abril de 2016
Hora: 6:30 PM – 8:30 PM (Registro desde las 6:00 PM)
Lugar: Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 1889 F St., N.W., Washington, D.C., U.S.A. 20006
PROGRAMA
