Guía Ilustrada de Inflación, Política Monetaria y Derechos Humanos

¿Qué es la Política Monetaria y qué tiene que ver con los derechos humanos? ¿Cuál es el papel del Banco Central en nuestras vidas? ¿No hay mejores soluciones para controlar la inflación que subir las tasas de interés? Las respuestas a estas y otras preguntas sobre el impacto de las medidas económicas en la vida de los brasileños se pueden encontrar en las páginas de la “Guía ilustrada sobre inflación, política monetaria y derechos humanos”.

Se trata de una cartilla didáctica, dirigida al público lego, escrita por la asesora política del Inesc, Livi Gerbase, y por el economista Pedro Rossi, profesor del Instituto de Economía de la Unicamp e investigador del Centro de Estudios de Coyuntura y Política Económica (CECON). El material también contó con ilustraciones del colectivo A Gazetinha.

El techo de gastos ha dejado a Brasil sin inmunidad en el área social, señala un estudio

En un estudio divulgado hoy por el Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc) se demuestra, por primera vez, cómo las medidas de austeridad fiscal y la aprobación de la Enmienda Constitucional 95 en Brasil han reducido las políticas sociales necesarias para proteger a la población más vulnerable de la actual pandemia.

Intitulado Brasil con baja inmunidad – Balance del Presupuesto General de la Unión 2019, el informe revela que, desde 2014 hasta el año pasado, el constante esfuerzo fiscal realizado por el gobierno resultó en cortes de un 28,9% en los gastos discrecionales de los programas sociales del país. Solamente en el período que abarca los años de 2018 y 2019, la reducción de los gastos llegó a un 8,6%.

El presupuesto de 2019 para el sector de la salud, que sufre ya una histórica insuficiencia de recursos en el Sistema Único de Salud (SUS), no aumentó respecto al año anterior, permaneciendo en un valor similar a los niveles de 2014. Por otra parte, la población brasileña aumentó en 7 millones de habitantes en ese período, revelando una grave reducción de los gastos per cápita en esa área.

“Brasil está visiblemente fragilizado para enfrentar los desafíos traídos por la pandemia”, afirma Livi Gerbase, asesora política del Inesc.

Además de la función Salud, la publicación del Inesc evaluó la ejecución del presupuesto general de la Unión (OGU, por sus siglas en portugués) en 2019 para otros siete conjuntos de políticas públicas: Educación, Derecho a la Ciudad, Socioambiental, Niño y Adolescente, Igualdad racial, Mujeres y Pueblos indígenas.

Para la experta en Justicia Fiscal, aunque la crisis de la Covid-19 tiene origen en la salud, sus efectos se extienden por todas las políticas públicas. Eso se debe a que el aislamiento de la población ha paralizado la actividad productiva, lo cual generará una profunda recesión, el aumento del desempleo y el empeoramiento de las desigualdades sociales.

“En un país en el cual los pobres, los negros, las mujeres y los indígenas son siempre los más penalizados, la pandemia de Covid-19 va a hacer que todo sea aún más difícil para esa gran porción de la población”, sentencia Livi.

Se concluye en el estudio del Inesc que la contención de los gastos que apunta tan solo a un objetivo fiscal tiene un precio muy alto, sobre todo para los grupos más vulnerables, que pagan la cuenta de forma desproporcionada. En contrapartida, el gobierno federal festejó la reducción del déficit primario entre 2018 y 2019, que pasó de un 1,8% del PIB a un 1%, o 95,1 mil millones de reales. El número se debió, en gran medida, a los bloqueos del gobierno a grandes partidas presupuestarias, que solo fueron derogados a fin de año, impidiendo la ejecución de los gastos.

“Más allá de un análisis frío de los números, tratamos de averiguar si las políticas públicas y sus respectivos presupuestos están al servicio del bienestar de las personas, sobre todo de las que más los necesitan, y no solamente para proteger la deuda pública, muchas veces enriqueciendo a sectores económicos que ya son harto privilegiados”, declara la asesora del Inesc.

Según ella, este es el primer informe de una serie que el Inesc publicará anualmente, con el propósito de hacer un seguimiento de los gastos federales para la promoción de derechos humanos. La Metodología Presupuesto & Derechos, usada en el documento, somete al análisis presupuestario a una “prueba de derechos humanos”, teniendo como base cinco requisitos o pilares: financiación con justicia fiscal, movilización máxima de recursos disponibles, realización progresiva de los derechos, no discriminación y participación social.

Entre las medidas propuestas por el Inesc ante la recesión que se anuncia, se encuentran:

– revocación de la Enmienda Constitucional 95 en carácter definitivo.

– manutención de los empleos y salarios, con políticas de protección a los informales.

– recomposición de los presupuestos del Sistema Único de Salud (SUS).

– fortalecimiento de órganos ambientales de fiscalización, apuntando a un crecimiento sostenible.

– reforma tributaria con gravamen de ganancias y dividendos y contribución más justa para impedir que los superricos (que ganan más que 320 salarios mínimos) sigan pagando menos del 2% de alícuota efectiva de Impuesto sobre la Renta (IR).

– aprobación, en carácter de urgencia, del Fondo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica y Valorización de los profesionales de la Educación (Fundeb).

– transparencia respecto al balance de las actividades de combate a la Covid-19, explicitando el detalle de la ejecución del presupuesto para esa área.

A continuación, se exponen algunos ejemplos de programas sociales que han sufrido cortes de recursos:

Educación

En Educación, las inversiones públicas cayeron, en términos reales, de 109 mil millones de reales en 2018 a 106 mil millones en 2019 – una reducción que podría haberse evitado si el valor total autorizado, de 123 mil millones de reales, se hubiera ejecutado integralmente.

El fomento a la investigación registró la pérdida de la mitad de los recursos para la Capes (Coordinación del Personal del Nivel Superior) y el CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico). De 2015 a esta parte, el desplome en el presupuesto de la Capes, por ejemplo, fue de 9 mil millones a 4,5 mil millones.

Igualdad racial y de género

Esta área ha sido una de las más perjudicadas por el gobierno federal en 2019. La variación del presupuesto para igualdad racial quedó negativa en un 45,77% en comparación con el año anterior. Si se considera el período de 2014 a 2019, la caída real de los recursos en dicha área fue de un 81%. Lo mismo ha sucedido con las políticas para las mujeres, cuyo presupuesto se redujo en un 75%.

Medio Ambiente

A partir de 2017, la ejecución del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) cayó bruscamente hasta llegar a 2019 con la menor ejecución presupuestaria de ese organismo en la serie analizada desde 2012. Fueron 2,62 mil millones ejecutados – una caída de un 8,6% respecto a 2018 e de un 20% respecto a 2012.

Derecho a la ciudad

La función presupuestaria “Urbanismo” reúne parte expresiva de las acciones y programas del extinto Ministerio de las Ciudades, tales como servicios urbanos y transporte colectivo urbano. Llegamos a 2019 con recursos autorizados un 50% menores que en 2012.

Salud indígena

En 2019, la ejecución del presupuesto de la acción relacionada a la salud indígena fue de 1,48 mil millones de reales contra 1,76 mil millones en 2018, o sea, alrededor de 280 millones menos, lo que compromete la atención de este grupo, que presenta indicadores peores que el resto de la población en los casos de suicidio, desnutrición, mortalidad infantil y tuberculosis.

Programa Nacional de Educación (PNE)

El PNE preveía, para 2019 y 2020, la asignación de un 7% y un 10% del PIB, respectivamente. Con el corte presupuestario, ese porcentaje no debe pasar el 5% alcanzado en 2018. El año pasado, el Ministerio de Educación sencillamente excluyó el criterio Costo Alumno-Calidad (CAQ, por sus siglas en portugués, que mensuraba la financiación en relación con la calidad de la Educación Básica), en la definición de los gastos del Ministerio.

Programa de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA)

Bajo la responsabilidad del gobierno federal, el EJA tuvo reducidos sus recursos de 76 millones a 2,4 millones, el año pasado. Según el Censo Escolar 2019, las matrículas para esa etapa de la enseñanza disminuyeron un 7,7% en ese período, pero, como no hay estudios que identifiquen las razones de esa caída, surge la hipótesis de la falta de oferta de plazas. Con ello, se pierde la oportunidad de cumplir con las metas de reducción del analfabetismo funcional y de aumento de la escolaridad de la población adulta.

Protección a los Niños y Adolescentes

El valor gastado con la implementación de políticas de atención básica a la salud de niños y adolescentes, considerando la ejecución financiera de los dos Planes Presupuestarios juntos, se desplomó de 17,5 millones en 2018 a 6,81 millones el año pasado.

El Plano Decenal aprobado por el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (CONANDA) contaba, al estrenar, en 2012, con 13 acciones. Pero llegó a 2019 con cuatro. Tan solo un 27,4% de los 159,45 millones de reales autorizados para 2019 se ejecutaron.

En 2019, prácticamente desapareció la previsión presupuestaria para el combate específico a la violencia sexual contra niños y adolescentes. El enfrentamiento de ese crimen se ha integrado a un programa más general, que incluye varios tipos de violencia contra niños y adolescentes, reduciendo la transparencia de las acciones específicas. Aun así, en 2019, no se ejecutó ningún recurso.

Trabajo Infantil

Más de 1,8 millón de niños y adolescentes (de 5 a 17 años) estaban en situación de trabajo infantil, en 2016 (PNAD Continua). Incluso ante la meta de erradicar ese mal hasta 2025, los gastos para la Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Infantil, en 2018 y 2019 no tuvieron siquiera previsión presupuestaria.

Sobre el INESC – El Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc) es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, no partidaria, con sede en Brasilia. Desde su creación en 1979, la institución defiende la democracia y los derechos humanos, al igual que el combate a cualquier tipo de discriminación y de desigualdad. El Inesc fue una de las cinco organizaciones de la sociedad civil que crearon la campaña Ingreso Básico que Queremos, iniciativa que culminó en el auxilio de emergencia de 600 reales para millones de brasileños vulnerables afectados por la pandemia.

Declaración conjunta sobre crisis de deforestación y quemas en la Amazonía es divulgada en la COP25

Una declaración conjunta sobre la crisis del deforestación y quemas en la Amazonía, firmada por 110 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo redes y movimientos sociales, y endosada por parlamentarios del Congreso Nacional, fue divulgada, este jueves (12/12), en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Cambios Climáticos (COP25), en Madrid, España. El documento fue presentado durante la colectiva de prensa del Frente Parlamentario Ambientalista.

El diputado federal Nilto Tatto (PT), que preside el Frente, afirmó que el documento es una provocación a parlamentarias y órganos gubernamentales “sobre lo que es posible y necesario ser hecho para que Brasil cumpla las metas de reducción de la deforestación y de emisiones de gases de efecto estufa con las cuales se comprometió”.

La carta presenta los principales desafíos que han preocupado organizaciones de la sociedad civil de Brasil y de otros países del mundo, que demuestran la necesidad urgente de un cambio de posicionamiento del actual gobierno brasileño frente al aumento alarmante de la deforestación y de las quemas en la región, que amenaza los servicios ecosistémicos de los bosques amazónico y los derechos de poblaciones locales.

El documento critica la “desmonta” de las políticas públicas de prevención y control de deforestación en la Amazonía y la consecuente apertura de espacio para acaparadores, mineros y madereros ilegales, detallando las acciones y omisiones del gobierno brasileño que, según los signatários, están directamente relacionadas al salto en los altos índices de deforestación y quemas registrados en 2019.

Durante el ocasión en la COP25, Márcio Astrini, coordinador de Políticas Públicas del Greenpeace Brasil — una de las organizaciones que firman la carta, resaltó que la deforestación de la Amazonía está creciendo y que eso no puede ser bienvenido en ninguna hipótesis. “Si deforestación trajera desarrollo, la Amazonía sería el local más rico y desarrollado de Sudamérica”, dijo.

Astrini acordó que Brasil sabe como combatir la deforestación y, con medidas concretas, consiguió, entre 2004 y 2012, bajalo en cerca de 80%. Entre ellas, él citó el reconocimiento de áreas protegidas, creación de herramientas de gobierno y, especialmente, el mensaje de que la deforestación no puede ser tolerado. “Todo eso está siendo demolido por el actual gobierno y por eso es por lo que el desmatamento aumentó otra vez. Con la Amazonía, Brasil tiene una oportunidad, pero, infelizmente, este año la escoja ha sido de transformarla en un problema”, afirmó, destacando que los parlamentarios necesitan trabajar para impedir el avance de esta agenda.

Carta pide que gobierno federal cambie su trayectoria
Las redes ambientalistas, movimientos sociales y parlamentarios que suscriben la declaración piden que el actual gobierno cambie su trayectoria y pase a tomar decisiones con base en la Constitución, en las leyes y en los acuerdos internacionales de los cuales lo Brasil es parte, entre ellos el Acuerdo de París, que une esfuerzos globales para mantener el aumento de las temperaturas medias del planeta abajo de 1,5 Cº grados.

Entre las sugerencias concretas para el gobierno federal, están: retomar el Plan de Acción de Prevención y Control de Deforestación en la Amazonía (PPCDAm); combatir crímenes ambientales asociados a lo acaparamiento de tierras públicas, deforestación, quemas y explotación ilegal de recursos naturales; y retomar la Comisión Interministerial de Combate a los Crímenes e Infracciones Ambientales. Otro pedido es por la retirada de la agenda de todos los proyectos de ley, en tramitación en el Congreso Nacional, que representan retroceso en la legislación de protección ambiental del país.

Además de eso, la carta apunta para la necesidad de implementar mecanismos efectivos para garantizar que las importaciones de commodities del agronegócio y de la explotación maderera y mineral sean exclusivamente y estrictamente legales y certificadas y que todas las inversiones en la Amazonía contribuyan para acabar con la deforestación y fortalezcan una economía de bajo carbono que respete y valore los modos de vida de las poblaciones locales.

Los temas del documento fueron debatidos durante el seminario “Deforestación y Quemas en la Amazonía: Tendencias, Dinámicas y Soluciones”, realizado el día 28 de noviembre, en la Cámara de los Diputados, en Brasilia, cuando parlamentarios, instituciones públicas, científicas y organizaciones de la sociedad civil analizaron características, causas y consecuencias del que acontece en la región.

El diputado Tatto informó, aún, que el Frente Parlamentario Ambientalista irá a estudiar como las reivindicaciones de la declaración conjunta de organizaciones de la sociedad civil pueden ser traducidas en acción parlamentaria.
Para conocer la íntegra de la declaración con firmas (en portugués, inglés y español) y asistir a un vídeo sobre el asunto, acceda el link:
www.inesc.org.br/desmatamento.


CONTACTO DE PRENSA
Thaisa Pimpão
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Subsidios a los combustibles fósiles en Brasil 2018: conocer, evaluar, reformar

El estudio de Inesc revela el total destinado a los sectores de petróleo, gas y carbón a través de exenciones de impuestos, regímenes fiscales especiales e incluso presupuesto garantizado. Con esta publicación, continuamos el trabajo iniciado en 2018, cuando presentamos el saldo de subsidios aplicados entre 2013 y 2017 en el sector, con el objetivo de conocer, evaluar y reformar posibles distorsiones en este escenario.

Brasil gasta alrededor de R$ 68 mil millones al año con subsidios a combustibles fósiles

Estudio  lanzado  por  el  Instituto  de  Estudos  Socioeconômicos  (Inesc) el lunes (18 de junio) estimó  que,  entre  2013  y  2017,  los  subsidios  a  los  combustibles  fósiles  en  Brasil,  en forma  de  renuncias  fiscales  y  gastos  directos,  alcanzaron  R$  342,36  mil  millones.  El promedio  anual  de  subsidios  fue  del orden de los R$ 68,6 mil millones, o sea, 1% del Producto Interior Bruto (PIB) del país o lo equivalente a dos programas Bolsa-Família.

>>> Resumen en español

El documento intitulado “Subsídios aos  combustíveis  fósseis  no  Brasil:  conhecer, avaliar e reformar” partió de la adaptación de la base de datos elaborada por la Overseas Development Institute (ODI), en asociación con la Oil Change International (OCI) y el International  Institute  for  Sustainable  Development (IISD).  Se  consideró  subsidio  a combustibles  fósiles  todo  lo  que  el  gobierno  gasta  o  deja  de  recaudar  para  beneficiar directamente al productor de petróleo, gás natural y carbón mineral o el consumidor de gasolina, combustible diesel y gas de cocina.

Entre las renuncias fiscales identificadas, las de mayor monto son aquellas relativas a la reducción  de  cobro  del  PIS/Cofins  sobre  los  combustibles  y  de la Cide-Combustíveis, las  cuáles  resultan  en pérdidas de recaudación estimadas en R$ 178 mil millones y R$46 mil millones, respectivamente, en el período analizado. En los dos casos, la renuncia configura subsidios al consumo de combustibles fósiles para el sector de transporte.

Con la publicación  del  estudio,  el  Inesc  pretende contribuir para las discusiones sobre subsidios  en  medio  a la crisis del combustible diesel – desencadenada por la huelga de los  camioneros  en  mayo  del  2018,  y cuya solución encontrada por el gobierno federal fue  la  de  aumentar  los subsidios al consumo que vienen como una factura amarga que será paga por la población.

Para las  autoras  del  estudio,  Alessandra  Cardoso  y  Nathalie  Beghin,  la  pesquisa  se lanzará  en  un  momento  oportuno  para  un  debate  profundizado  sobre  qué  son  los subsidios  a  los  combustibles  fósiles,  cuál  es  la  importancia  de  medirlos,  por  qué reducirlos o eliminarlos y quién se beneficia con las medidas en este sentido.

El  sector  de  Óleo&Gás (O&G),  por  exemplo,  es  beneficiario  de  varios  regímenes especiales de tributación, siendo el más importante, en términos de valores, el Repetro – Régimen  Aduanero  Especial  de  Exportación  e  Importación  de Bienes destinados a las actividades de Pesquisa y de Labra de Yacimientos de Petróleo y de Gas Natural. El año pasado,  el gobierno brasileño, en intenso diálogo con grupos de interés relacionados al sector del petróleo, renovó el Régimen, que vencería en 2020, por otros 20 años.

«Los subsidios a la producción, cuyo Repetro es el ejemplo principal, revelan cuánto los gobiernos  abren  mano  de  la  recaudación,  importante  para  las  inversiones  en  políticas públicas esenciales para disminuir costos al sector”, apuntaron las autoras Alessandra y Nathalie. “Y cuánto invierten recursos públicos para apoyar su desarrollo, sea por medio de   gastos   directos,   sea   por   financiaciones  subsidiadas  o,  incluso,  por  aportes  de inversiones públicas para empresas estatales, como en el caso de la Petrobrás”, añaden.

Subsidios necesarios

El estudio también revela que ni siempre los subsidios son maléficos. En algunos casos, pueden  ser  necesarios  o  solidarios  para  garantizar,  por  ejemplo, el acceso a la energía eléctrica  en  condiciones  igualitarias  a  todos  los  habitantes  del  país.  Es  el  caso  de  la región   Norte   de   Brasil   donde   el  costo  de  la  generación  es  más  alto  por  ser  el combustible diesel la fuente principal.

Según el documento del Inesc, en los últimos cinco años, los subsidios a la generación termoeléctrica  basada  en  el  combustible  diesel  en  la  región Norte fueron del orden de los R$ 27 mil millones, en su mayor parte, pagos por los consumidores, por medio de la tasación en la cuenta de energía eléctrica.

Pero  existen  alternativas  a  este  subsidio,  que  están  más  próximas  a  cada día, como la generación descentralizada con base en la energía solar o en la biomasa. El estudio trae, por ejemplo, dos grupos indígenas de Raposa Serra do Sol, en Rondônia, y en Xingu, en Pará, que ya están haciendo experiencias de generación de energía solar. “Son ejemplos de  cómo  es  posible  reformar  subsidios  a  los  combustibles fósiles, con planeamiento y política  pública, capaz de incentivar que otras fuentes puedan aparecer y que sean más viables económica, social y ambientalmente”, defienden las autoras.

Agenda propositiva

El estudio llama la atención para los impactos climáticos, sociales y ambientales de los subsidios  a  los  combustibles  fósiles  y  defiende  que  el  gran  desafío  de  medirlos  y reformularlos debe ser asumido por los gobiernos en un esfuerzo global.

Una  agenda  propositiva,  en  la  visión  de  Inesc,  se  debería  construir  en  tres  frentes paralelas:  1)  conocer  con exactitud cuáles son y cuánto representan los subsidios; para ello,  se  necesita  más  transparencia  y  una  revisión  del  concepto  y  metodología  de mensuración  de  gastos  tributarios  adoptada  hoy  por  la  Receita  Federal  do  Brasil);  2) evaluar cuáles subsidios son más costosos, dañinos, de reforma más factible y son más urgentes  frente  a los otros compromisos también asumidos, en especial al Acuerdo del Clima  (INDC)  y  a  los  Objetivos  del  Desarrollo  Sostenible;    3)  aprobar  propuesta legislativa  que  termine  con  el silencio fiscal de los beneficiarios de Gastos Tributarios en  Brasil,  lo que permitiría identificar cuáles son los beneficiarios vinculados al sector de Óleo&Gás;.

El estudio está firmado por Alessandra Cardoso, asesora política del Inesc, doctoranda en Economía aplicada por la Unicamp; y Nathalie Beghin, coordinadora de la Asesoría Política del Inesc, economista formada por la Université Libre de Bruxelles (ULB), con maestría y doctorado en Políticas Sociales por la Universidade de Brasília (UnB).

El Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) es una organización no gubernamental, con  sede  en  Brasília,  que  actúa  en  la  promoción  de  los  derechos  humanos  y  de  la democracia  y  tiene  como  principal  instrumento  de  trabajo  el  presupuesto  público.  El Inesc  hace  parte  de  la  Associação  Brasileira  de  Organizações  Não  Governamentais (Abong).

 

Más información a la prensa: Kátia Visentainer – Emporio das Ideias

+ 55 11 3578.1583 / 96578.7070 – emporiodasideias@gmail.com

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